Las protestas en Cuba “ni se crean ni se destruyen: sólo se transforman”. 207 protestas en febrero.
En febrero pasado se produjeron en Cuba 207 protestas por motivos políticos, económicos y sociales como parte de las “nuevas tácticas no violentas de la sociedad civil”, que incluyen pintadas, distribución de fichas de represores y cartas de solidaridad con Ucrania, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
En su informe mensual publicado este martes, el OCC, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, detalla que, de las 207 protestas de febrero, 130 (63 %) fueron por motivos políticos.
“La mayoría de estas (73) estuvieron directamente relacionadas con los abusos, arbitrariedades judiciales y condenas a manifestantes pacíficos del 11J (11 de julio de 2021), así como con torturas y maltratos en las cárceles”, según el informe.
Asimismo, las protestas por motivos económicos y sociales fueron 77 (37%) y “se concentraron en las consecuencias inflacionarias del proceso de unificación de la doble moneda conocido como ‘tarea ordenamiento'”, amplía el OCC.
El motivo económico que cita está basado fundamentalmente en “el desabastecimiento de productos básicos, abusos contra los derechos laborales, el rechazo a las tiendas de venta en Moneda Libremente Convertible y la inseguridad ciudadana”.
Aunque el número de protestas de la sociedad civil en la isla descendió un 25 % en comparación con enero, cuando según el OCC ocurrieron 275, el observatorio afirma que las protestas en Cuba “ni se crean ni se destruyen: sólo se transforman”.
La “ola nacional de terror” incluyó en febrero “sentencias de hasta 20 años de prisión a decenas de acusados por los sucesos del 11J”, menores de edad entre ellos”, cita, “bajo cargos fabricados de desorden público, desacato, atentado, sedición, instigación a delinquir, propagación de epidemias, resistencia y sabotaje”.
También “se aceleró el endurecimiento de instrumentos legales como el código penal y el Código de Familia que refuerza el poder del Estado sobre los menores de edad”, añade el comunicado.
.
.
